El empleo es uno de los principales factores de inclusión social que dignifica la vida de cada persona. El trabajo permite la independencia y la autonomía, pero también hace posible una contribución significativa en la sociedad. Trabajando por su inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual, las empresas contribuís a su autonomía y al cumplimiento de sus derechos.
La Ley General Discapacidad -Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre- (LGD - antes LISMI) establece que en las empresas públicas o privadas de 50 o más trabajadores, al menos el 2% de su plantilla debe estar integrado por personas con discapacidad. Más allá de la obligación legal, se trata de una oportunidad de construir entornos laborales más diversos, humanos y enriquecedores.
Sin embargo, si tu empresa no puede cumplir con lo establecido, la LGD contempla medidas alternativas a la contratación de personas con discapacidad.
Cómo puedes cumplir medidas alternativas con la Fundación Gil Gayarre
Cómo solicitar medidas excepcionales y la autorización para la aplicación de las medidas alternativas
En la Fundación Gil Gayarre te acompañamos en este proceso, asesorándote y ayudándote en su tramitación.
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